Históricamente, las cárceles fueron diseñadas principalmente para albergar a hombres, lo cual ha determinado la estructura de los alojamientos, los cuidados de higiene personal, la capacitación del personal, los tipos de trabajo ofrecidos, la asistencia médica y otras cuestiones relacionadas estrechamente con las características masculinas. A pesar de que las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, posteriormente modificadas por las Reglas Mandela en 2015, establecen que se deben considerar las circunstancias individuales sin discriminación de género, no hacen hincapié en las necesidades específicas de las mujeres. Sin embargo, con el aumento de la población carcelaria femenina, se ha reconocido la necesidad de establecer reglas mínimas adicionales, enfocadas en las particularidades y necesidades de las mujeres recluidas. En 2010 se adoptaron las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes, enmarcadas en varios tratados y declaraciones de las Naciones Unidas dirigidas a las autoridades penitenciarias.

Estas reglas parten de la premisa de que hombres y mujeres no deben recibir el mismo tratamiento, sino que se deben considerar las diferencias de género. Las mujeres, por su propia condición, pertenecen a un grupo vulnerable en la sociedad, y esta vulnerabilidad se intensifica cuando están privadas de libertad, ya que muchas provienen de entornos marcados por la violencia intrafamiliar o doméstica, abusos sexuales, explotación sexual, consumo de drogas y/o pobreza. Por lo tanto, el tratamiento hacia las mujeres debe seguir los principios establecidos en las Reglas Bangkok.

Aunque Río Negro adopta estas reglas, enfrenta desafíos significativos debido a que las cárceles fueron diseñadas originalmente solo para hombres. A lo largo de los años, se han dado casos de mujeres alojadas en instalaciones no adecuadas para ellas, lo que plantea dificultades en términos de espacios, oportunidades, condiciones y protección de sus derechos.

Esta investigación surge en 2018 como trabajo final del curso "Sistema penitenciario y ejecución de la pena" de la carrera de abogacia de la Universidad Nacional de Río Negro y ha continuado en los años siguientes con la participación en varios proyectos de extensión universitaria. Su objetivo es analizar la situación del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma mediante entrevistas que contrasten las condiciones de alojamiento de las internas con los estándares mínimos establecidos en las diferentes normativas a nivel internacional y nacional.

Se busca examinar cómo se adaptan las instalaciones para alojar a las mujeres, qué medidas se toman en comparación con los internos masculinos y si se cumplen efectivamente las normativas mencionadas. Además, se pretende explorar el papel de las mujeres en la cárcel, desde las diferentes posiciones que pueden ocupar (funcionarias, internas o visitas), así como analizar cómo su estadía en la cárcel influye en su relación con el resto de la sociedad.